Mapuches. Una historia escondida 2

para arrebatarles las tierras que continúan hasta el día de hoy. Hace unos días la muerte de Matías Catrileo, joven estudiante universitario mapuche, fallecido en la región de la Araucanía a consecuencia de un disparo de carabineros, volvió a despertar un conflicto histórico. El año 2002 se produjo, también a manos de efectivos policiales del Estado, la muerte de otro joven mapuche, Alex Lemún, quien participaba en acciones de protesta frente a empresas forestales. En los últimos diez años centenares de mapuche han sido detenidos, decenas han sido procesados, y al menos diez de ellos condenados por acciones de protesta desarrolladas en el marco de conflictos de tierras, las que han sido consideradas por la justicia como acciones terroristas.

Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao, Juan Patricio Marileo y Patricia Troncoso son presos políticos que han sido sometidos a 3 procesos por las mismas cargas partiendo el año 1995. Por el caso de Poluco-Pidenco, la quema de unas hectáreas de madera. Fue la comunidad la que determinó hacer una quema, y ellos, en su calidad de dirigentes, asumieron.

Para muchos se trata simplemente de una respuesta legítima del Estado frente a hechos delictuales de los mapuche, ante los cuales se requiere de mano dura.

Según Nelson Aramburu, Secretario General de la Comisión Ética contra la tortura, las organizaciones internacionales, por su parte incluso Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas, todas las organizaciones que tienen que ver con el tema, le han exigido al gobierno que aplique una legislación democrática, ya que no pueden utilizar la ley antiterrorista para enfrentar un conflicto étnico, que además tiene mucho conflicto social, no es una etnia que tenga recursos, son los más pobres de los pobres, entonces con ellos se está cometiendo un doble abuso, primero se les margina, se les criminaliza y luego se les condena.

Los hechos de violencia que marcan este conflicto profundizan las diferencias y la desesperanza a la hora de encontrar una posible solución. No considerando el trasfondo histórico de este conflicto, el interés por entender la cultura, ni encontrar las posibilidades y formas para el diálogo.Igualmente relevante resulta preguntarse por la eficacia del marco jurídico vigente y de la política pública impulsada en los últimos años para dar cauces institucionales y resolver los conflictos entre las comunidades, particulares y el Estado.

Pero ¿existen soluciones para este tema?…

Como sabemos, los problemas que generan las protestas de los mapuche no son nuevos, sino por el contrario, son de larga data. Dicen relación con la forma en que se constituyó la propiedad al sur del Bío Bío; con la apropiación, sin el consentimiento de sus comunidades, de parte significativa de las tierras que ancestralmente ocuparon; con la forma en que a lo largo del siglo XX sus comunidades siguieron siendo arrinconadas por particulares, muchas veces con el aval del Estado. La llamada ley indígena (Nº 19.253 de 1993 sobre protección fomento y desarrollo de los indígenas), si bien es valorada como un avance al momento de su aprobación por el Congreso Nacional, ha demostrado ser insuficiente para dar respuesta a los problemas generados por una economía creciente que se ha expandido aceleradamente hacia los territorios de los indígenas, ricos en recursos naturales. Dicha legislación no garantiza, como lo han señalado los pueblos indígenas, la consulta adecuada de sus comunidades frente a los proyectos de inversión que hoy se impulsan en sus territorios. Tampoco garantiza su compensación por los daños que los mismos causan en sus tierras y recursos. Menos aún permite la participación indígena en los beneficios que estos generan para sus propietarios.

29/12/2009

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